RECUPERAR EL AMBIENTE PARA EL BIEN COMÚN

Víctor Manuel Barceló R

Los análisis multidisciplinarios de la realidad planetaria nos llevan, cada vez con mayor rigor, a mostrarnos la necesidad de que los planes de desarrollo, vuelvan a ser verdaderas estrategias para atender, con integralidad, las necesidades de las poblaciones. El énfasis se da en las instancias locales, porque es allí donde se precisa el empeño corresponsable gobierno-sociedad organizada, para cubrir con programas específicos que desarrollen las potencialidades, individuales y colectivas, para el alcance del bien común.

Esperando no ser simple en la apreciación, considero que la ruta del crecimiento económico sustentable, con bienestar social, en estrecha relación con la naturaleza –respetando los enfoques ideológicos de quienes lo pretendan– es el camino para obtener un adecuado disfrute equitativo de la riqueza producida. ¿Pero cómo podemos acceder a tan virtuoso trayecto? 

La premisa fundamental sería ser realistas en cuanto a la imperfección de la sociedad en general. Entender que esto es reflejo de nuestra propia idiosincrasia. De allí que se requiera un impulso permanente, a través de la educación, para acercarnos a los valores y convertirlos en raíz y razón de nuestro actuar cotidiano. La ética –capacidad de valorar lo bueno y malo– es elemento sustancial para impulsar al ser humano a desarrollar las capacidades innatas, hacia formas y acciones que busquen el bien común.

Este imperativo ético no puede quedar en manos sólo de ciudadanos, ni siquiera de gobiernos aislados. La globalización actual de la vida terráquea, lleva al imperativo de buscar acuerdos globales. De allí que la Organización de las Naciones Unidas, como conjunto de estados soberanos que se afilian voluntariamente para colaborar a la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso económico y social, desde 1945, cuente con organismos especializados –el Consejo Económico y Social (ECOSOC) como centro de ellos– para analizar y definir rutas en diversas materias, fundamentales para que la búsqueda del bien común no sea entelequia, menos simple retórica, como se maneja en las naciones ricas.

De allí que el imperativo ético que autorregula al ser humano debe ser conscientemente responsabilidad de todos y cada uno de nuestros actos, sea como pueblo, nación o conjunto de naciones. Fácil se colige que no es práctica universal tal compromiso. Por ello en el ECOSOC, la Organización Mundial de Comercio y otros organismos multilaterales, se precisan dos corrientes fundamentales de pensamiento y búsqueda de acciones: la que representa intereses de grandes potencias, que con doble discurso manejan temas como el de los derechos humanos, trato a recursos naturales para usufructo unilateral, aun a costa de guerras que provocan en la impunidad. 

En la otra acera, la mayoría de naciones, mismas que en los setenta del siglo pasado –a iniciativa de México– crearon la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que recoge el sentir vigente, de esa porción fundamental de la humanidad, a favor del desarrollo, concordante con el medio ambiente. Se busca que las ganancias económicas sean repartidas equitativamente y la explotación de los recursos naturales sirvan a esos pueblos, hundidos en el atraso económico-social, escenificado en analfabetismo, hambre, penurias de salud pública, viviendas y servicios sanitarios escasos, que les lleva a una expectativa de vida, injusta y corta. 

Tales pueblos y comunidades están urgidos de cambiar el escenario de grandes devastaciones, a partir de corporaciones que acaban con nuestro planeta, consumiendo, sin medida: nuestra agua, suelo, bosques, fauna silvestre. Muchas veces a partir de la acción de grupos locales, que les venden el producto de su depredación. 

Coopera a tal situación, el crecimiento acelerado de la población humana –crece en mil millones cada 10 años– y su asentamiento en zonas que “acondicionan”, alterando el medio. Con ello se facilita la destrucción de los hábitats naturales de muchas especies, desalojándolas hacia lugares desérticos, cuyo escaso alimento y el pillaje humano, sentencia a ciertas especies a la extinción. Esta última ocurre 10,000 veces más rápido que la que acontece en forma natural. Ello lleva a la proliferación de otras, que como plagas se diseminan por el planeta. 

Ante ello, pequeño queda separar basura, reutilizar agua o economizar energía. No está por demás hacerlo, pero habrá que ir a la raíz del problema: el sentido del proceso económico y de transformación que nos mueve en una economía del desperdicio y de acumulación de la riqueza producida, en pocas manos. Urge un escenario más social, sostenido en la protección del planeta.

En esa pugna insoslayable, cada pueblo y cada nación, tienen el compromiso social para definir metas a largo plazo y caminos inmediatos y mediatos para arribar a trayectos de crecimiento sustentable, con defensa del medio ambiente. En ello, las nuevas generaciones, los trabajadores del campo y la ciudad y las organizaciones civiles en general, son fuerza medular para toda tarea transformadora. Su participación corresponsable con los gobiernos, será el gran impulso a un desarrollo con sentido ecológico y social.

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EL VERDADERO SERVICIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Este no es un juicio de valor sobre los comunicadores;  periodistas o no, propietarios u administradores y a los que forman parte del cuarto poder. “Lo que se ve se anota”, y lo que se observa, mira y se ve, sobre el derecho de los ciudadanos a la información, es que; cada vez la información es menos transparente, menos veraz y hasta a veces terrorífica, muchos de los medios de comunicación no responden a la población, ni conciben como un servicio, ni como un derecho humano a la comunicación, ni ética ni profesionalmente.

Los poderes instaurados en las diferentes instancias de gobierno ha marcado la línea de acción de la comunicación, los presupuestos destinados en muchos casos superan los destinados a programas sociales, educativos, culturales y de desarrollo humano. Todo esto estaría bien si los espacios se utilizarían en contribuir a la información y a la formación de un análisis crítico  por parte de la población. Quizás esté pidiendo demasiado, pero el hecho es; que no veo que los medios contribuyan al crecimiento socio cultural, ni que las instituciones públicas inviertan recursos para tal efecto, mas al contrario, los medios están al servicio de las autoridades de turno o de los que firman contratos por el servicio de publicidad.

Las instituciones públicas si bien es cierto; deben informar a la población de forma oportuna y veraz, no las convierte en instituciones que requieran de spots publicitarios ni de espacios propagandísticos sobre sus actividades, las instituciones públicas así como los servidores que trabajan en ellas están sujetos a normas de fiscalización y control para el buen uso de los recursos, situación que; en el caso especifico de la comunicación, no se ha podido desarrollar un reglamento que regularice los gastos, ya que de existir dicha normativa los perjudicados directamente serian los propietarios de los medios y también varios periodistas, que por supuesto como todo ciudadano tiene derecho a trabajar y percibir un salario o remuneración por el servicio.

Por lo antes referido, nos encontramos ante una situación un poco compleja pero no difícil de resolver, no podemos exigir a los medios que no firmen contratos de publicidad, ni tampoco decir a los periodistas que se limiten en la cobertura de la información, pero como sabrán; se creó el ministerio de comunicación, el cual deberá trabajar en fijar o establecer un porcentaje máximo del presupuesto institucional para la comunicación e información de sus actividades. Establecer parámetros estándar; en función a la población y a la cantidad de medios, buscando la igualdad y equidad en la distribución de la asignación de recursos, y la pertinencia de la cobertura de los actos públicos.

Las alternativas y estrategias de la cobertura de la información que generan las instituciones hacia la población, deben enmarcarse en programas debidamente valorados por las instancias internas de comunicación, que permitan y generen respuestas positivas de los ciudadanos y sirvan para lo orientación sobre los planes, programas y proyectos que ejecutan las instituciones.

La transparencia y el acceso a la información, no solo debe estar limitada para los medios, los ciudadanos debemos ejercer nuestros derechos y participar en el control y fiscalización de los recursos, de esa manera contribuiremos en la lucha contra la corrupción, como así también crearemos una cultura social participativa, y desde el lugar que nos encontremos ejerzamos los derechos de ciudadanía, que garanticen el ejercicio de los derechos políticos y civiles, tal cual reza la CPE.