Este no es un juicio de valor sobre los comunicadores; periodistas o no, propietarios u administradores y a los que forman parte del cuarto poder. “Lo que se ve se anota”, y lo que se observa, mira y se ve, sobre el derecho de los ciudadanos a la información, es que; cada vez la información es menos transparente, menos veraz y hasta a veces terrorífica, muchos de los medios de comunicación no responden a la población, ni conciben como un servicio, ni como un derecho humano a la comunicación, ni ética ni profesionalmente.
Los poderes instaurados en las diferentes instancias de gobierno ha marcado la línea de acción de la comunicación, los presupuestos destinados en muchos casos superan los destinados a programas sociales, educativos, culturales y de desarrollo humano. Todo esto estaría bien si los espacios se utilizarían en contribuir a la información y a la formación de un análisis crítico por parte de la población. Quizás esté pidiendo demasiado, pero el hecho es; que no veo que los medios contribuyan al crecimiento socio cultural, ni que las instituciones públicas inviertan recursos para tal efecto, mas al contrario, los medios están al servicio de las autoridades de turno o de los que firman contratos por el servicio de publicidad.
Las instituciones públicas si bien es cierto; deben informar a la población de forma oportuna y veraz, no las convierte en instituciones que requieran de spots publicitarios ni de espacios propagandísticos sobre sus actividades, las instituciones públicas así como los servidores que trabajan en ellas están sujetos a normas de fiscalización y control para el buen uso de los recursos, situación que; en el caso especifico de la comunicación, no se ha podido desarrollar un reglamento que regularice los gastos, ya que de existir dicha normativa los perjudicados directamente serian los propietarios de los medios y también varios periodistas, que por supuesto como todo ciudadano tiene derecho a trabajar y percibir un salario o remuneración por el servicio.
Por lo antes referido, nos encontramos ante una situación un poco compleja pero no difícil de resolver, no podemos exigir a los medios que no firmen contratos de publicidad, ni tampoco decir a los periodistas que se limiten en la cobertura de la información, pero como sabrán; se creó el ministerio de comunicación, el cual deberá trabajar en fijar o establecer un porcentaje máximo del presupuesto institucional para la comunicación e información de sus actividades. Establecer parámetros estándar; en función a la población y a la cantidad de medios, buscando la igualdad y equidad en la distribución de la asignación de recursos, y la pertinencia de la cobertura de los actos públicos.
Las alternativas y estrategias de la cobertura de la información que generan las instituciones hacia la población, deben enmarcarse en programas debidamente valorados por las instancias internas de comunicación, que permitan y generen respuestas positivas de los ciudadanos y sirvan para lo orientación sobre los planes, programas y proyectos que ejecutan las instituciones.
La transparencia y el acceso a la información, no solo debe estar limitada para los medios, los ciudadanos debemos ejercer nuestros derechos y participar en el control y fiscalización de los recursos, de esa manera contribuiremos en la lucha contra la corrupción, como así también crearemos una cultura social participativa, y desde el lugar que nos encontremos ejerzamos los derechos de ciudadanía, que garanticen el ejercicio de los derechos políticos y civiles, tal cual reza la CPE.
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